La ley les establece a las entidades administradoras de pensiones unas reglas de inversión con el fin de garantizar la rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, además de constituir garantías para responder por el correcto manejo de las inversiones, entre las que se encuentran las del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En todos los casos en los que exista defraudación o malos manejos por parte de los administradores de los fondos de pensiones o de las aseguradoras, para eludir sus obligaciones con los ahorradores, los administradores responderán penalmente por sus actos. Para estos efectos, los aportes de los ahorradores se asimilarán al carácter de dineros del tesoro público.